Las sanciones estadounidenses impuestas a Cuba en 2026, especialmente la grave escalada de los últimos meses, han sido catastróficas. Han provocado el colapso de la red eléctrica de Cuba y de todo el transporte en todo el país, y han alterado gravemente el acceso a alimentos, agua potable, sanidad y educación. En cuestión de meses, Estados Unidos ha reducido, literalmente, a Cuba a un estado preindustrial.
Aunque la administración Trump sostiene repetidamente que esta crisis económica y humanitaria es enteramente culpa del gobierno cubano, eso es simplemente falso: las medidas estadounidenses son tan extremas y de gran alcance que no hay ninguna acción que el gobierno cubano pudiera haber tomado que hubiera mitigado sustancialmente los daños causados por el gobierno. Estados Unidos ha impedido el suministro de combustible a Cuba, expulsado a inversores y socios comerciales extranjeros, obligado tanto a los bancos corresponsales como minoristas a terminar sus servicios y ha interrumpido todas las principales fuentes de ingresos del país.
Este artículo analiza las medidas de sanciones impuestas desde enero, analizando específicamente cómo las sanciones contribuyeron directa o indirectamente a la actual crisis económica y humanitaria. Estas medidas incluyen el bloqueo de combustible impuesto por la Orden Ejecutiva 14380; la significativa ampliación de las sanciones por la Orden Ejecutiva 14404; y la inclusión de nacionales especialmente designados (SDN) para obligar a bancos internacionales, inversores y socios comerciales a retirarse de Cuba.
Cualquiera de estas medidas habría provocado un choque macroeconómico que habría causado una enorme perturbación en la vida y el bienestar de cientos de miles de cubanos. En conjunto, las sanciones estadounidenses funcionan como el equivalente a un asedio militar integral e implacable.
La arquitectura de las sanciones y la crisis actual
A medida que Estados Unidos ha impuesto sanciones cada vez más severas en los últimos meses, el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han insistido en que las medidas están dirigidas contra el ejército y las fuerzas de seguridad cubanas. Pero al observar detenidamente estas medidas, surge una historia diferente: son sanciones diseñadas para paralizar la economía civil del país; para hacerlo de forma amplia, en todos los sectores económicos y sociales; y para hacerlo indiscriminadamente, afectando a toda la población. Las partes más vulnerables de la población —bebés, niños pequeños, ancianos, enferms y pobres— han sido las más afectadas.
Estados Unidos ha mantenido medidas en vigor durante los últimos 35 años dirigidas a componentes clave de la economía, infraestructuras, inversores extranjeros, exportaciones e importaciones cubanas, especialmente bajo la Ley Torricelli de 1992 y la Ley Helms-Burton de 1996. Pero las medidas que han tenido un papel más directo e inmediato en desencadenar la actual crisis humanitaria de Cuba son la orden ejecutiva del 29 de enero que impone un bloqueo integral de combustible; la orden ejecutiva del 1 de mayo, que obligó a retirar casi todos los socios comerciales restantes de Cuba; y la inclusión en listas negras de personas y entidades que ha tenido lugar bajo la autoridad de estas dos órdenes.
Para ser claros, aunque las sanciones prohíben a los ciudadanos estadounidenses comerciar con Cuba, estas medidas van mucho más allá. Las sanciones estadounidenses, en varios aspectos, son extraterritoriales; es decir, interfieren en el comercio de Cuba con países terceros en contravención del derecho internacional. Por esta razón, en las votaciones anuales de la Asamblea General de la ONU, cada año desde 1992, la comunidad internacional ha condenado repetida y abrumadoramente las medidas estadounidenses contra Cuba como violaciones del derecho internacional.
Aun así, el impacto de las medidas extraterritoriales de Estados Unidos es enorme. Cualquier banco o empresa que incumpla sanciones estadounidenses —incluso medidas contrarias al derecho internacional— podría enfrentarse a sanciones potencialmente devastadoras. Cabe destacar que el banco francés BNP Paribas pagó aproximadamente 9.000 millones de dólares en multas por realizar transacciones con Cuba, junto con otros países sancionados. El banco también fue parcialmente suspendido del acceso a la Reserva Federal de EE.UU., una medida conocida como la “pena de muerte” para cualquier banco que realice transacciones en dólares estadounidenses. Así que, independientemente de si las medidas estadounidenses son ilegales según el derecho internacional, prácticamente todos los bancos y multinacionales del mundo tienen poca opción que cumplir.
El bloqueo de combustible de enero de 2026
En enero, Trump anunció: “No habrá más petróleo ni dinero que vaya a Cuba. ¡Cero!” El 29 de enero firmó una orden ejecutiva declarando una “emergencia nacional” alegando que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. La orden autorizaba la imposición de aranceles a cualquier país que suministrara petróleo a Cuba, ya sea directa o indirectamente, obligando a México y a otros proveedores a terminar las ventas de combustible.
Antes del bloqueo de combustibles, Cuba consumía 100.000 barriles de petróleo al día, cubriendo solo el 65 por ciento de sus necesidades básicas. Cuba producía alrededor del 40 por ciento del petróleo que consumía, importando otro 30 por ciento de Venezuela y un 20 por ciento de México. Pero las importaciones de Venezuela cesaron tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y el acuerdo del gobierno estadounidense con Delcy Rodríguez. Desde enero, Cuba solo recibió una gran entrega de petróleo, que fue un petrolero ruso que llegó a finales de marzo. Pero el petrolero solo transportó combustible suficiente para aproximadamente una semana.
El petróleo que Cuba produce en el país tiene un uso limitado: tiene un alto contenido de azufre que solo puede usarse en centrales eléctricas y corroe maquinaria, gran parte de la cual ya está fuera de su vida útil prevista. En 2025, el 10 por ciento de la electricidad cubana proviene de fuentes de energía renovable. Junto con China, el gobierno cubano ha estado trabajando para construir plantas solares rápidamente. En 2025 y principios de 2026, Cuba construyó 49 nuevas plantas solares, añadiendo más de 1.000 megavatios a la red nacional. Pero sin petróleo y gasolina, todas las demás fuentes de energía combinadas siguen sin ser suficientes.
Algunas pequeñas entregas de gasolina y diésel han seguido llegando a Cuba, importadas a través del sector privado. Pero los envíos han estado disponibles para la venta a precios muy elevados a empresas y consumidores. Este combustible no satisface las necesidades de la población en general; ni suministra la red eléctrica del país ni el transporte público, que a su vez afecta a toda la población.
El impacto del bloqueo de combustible
Las consecuencias del bloqueo de combustible fueron inmediatas y severas. Durante meses, se produjeron cortes de electricidad que duraban hasta 30 horas seguidas en todo el país. En septiembre, toda la red nacional colapsó, cortando la electricidad en todo el país durante días. Durante los frecuentes cortes de luz, las viviendas de toda Cuba no tienen luces, ni radio ni ventiladores. Los teléfonos móviles no funcionan la mayor parte del tiempo. Los frigoríficos dejan de funcionar y los alimentos perecederos de la familia se estropean. En los edificios de apartamentos, incluidos los de 20 pisos de altura, los ascensores no pueden funcionar. Salir a comprar comida se convierte en una pesadilla para los mayores, que entonces pueden tener que subir 20 tramos de escaleras a oscuras para volver a casa.
En cierta medida, los cubanos han afrontado la situación con una ingeniosidad notable. Para quienes tienen familia en el extranjero, sus familiares pueden utilizar empresas privadas, como Supermercado 23, para enviar lámparas y electrodomésticos recargables a sus familiares en la isla. Estos eran útiles siempre que la electricidad se encendiera unas horas al día, permitiendo a la gente recargar sus electrodomésticos. Pero una vez que los cortes de luz duraban 30 horas seguidas, los electrodomésticos no podían recargarse.
Las empresas importadoras ofrecían entonces lámparas y ventiladores con pequeños paneles solares para recargar. Eso permitía a los cubanos que poseían estos electrodomésticos recargarlos a diario, pero la carga podía durar solo unas pocas horas. Con el calor extremo del verano, esto significaba que los ventiladores dejaban de funcionar en mitad de la noche, dificultando dormir bajo el calor implacable, que regularmente supera los 95 grados.
Amigos y familiares empezaron a enviar lámparas y ventiladores con paneles solares más grandes y baterías de litio que podían aguantar la electricidad durante mucho más tiempo. Pero ninguna cantidad de ingenio es suficiente para hacer frente a la situación cada vez peor, ni siquiera para quienes tienen recursos económicos. Y para quienes no las tienen —sin luces, ventiladores bajo el brutal calor del verano o ascensores en edificios de apartamentos de 10 o 20 plantas— la situación actual ha sido descrita por un amigo cubano del autor como “un infierno viviente.”
El bloqueo del combustible ha paralizado todo el transporte. Sin gasolina, la comida no puede transportarse de las granjas a las ciudades. Sin diésel, los tractores ya no pueden funcionar, y los agricultores se ven reducidos a usar bueyes para arar sus campos. Este verano, en la medida en que había gasolina disponible, el coste ha estado entre 30 y 40 dólares por galón, lo cual es inasequible para casi cualquiera que posea coche, y pone los taxis y el transporte compartido muy por encima de las posibilidades de la mayoría de la gente. El colapso del transporte, tanto público como privado, significa que los cubanos no tienen medios para llegar a un hospital ni a ningún otro lugar que no sea a distancia andando.
La falta de electricidad también impide que las bombas de agua funcionen, lo que provoca escasez de agua potable. Se estima que 3 millones de cubanos—un tercio de la población—ya no tienen agua corriente en sus hogares. Con la agricultura ahora realizada con bueyes en lugar de tractores, la producción alimentaria de Cuba se ha desplomado un 60 % desde enero, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En los últimos meses, un número creciente de cubanos se ha visto reducido a rebuscar en la basura para encontrar comida. Muchos también beben agua que no es apta para el consumo humano. Como el gas de cocina ya no está disponible en muchas partes del país, los cubanos están queando restos de madera y botellas de plástico para cocinar cualquier comida que tengan.
El bloqueo de combustible y sus consecuencias han recibido más atención en los últimos meses. Pero la importancia de las otras medidas es más complicada y menos evidente.
Orden Ejecutiva 14404 del 1 de mayo
Aunque el bloqueo de combustible iniciado en enero desencadenó una crisis humanitaria inmediata y grave, Trump firmó otra orden ejecutiva el 1 de mayo, ampliando drásticamente el alcance y la severidad de las sanciones. Estas medidas apuntaron —o reorientaron— a varios sectores importantes de la economía y a actores gubernamentales con papeles significativos en la economía. Rubio desplegó nuevas listas cada pocas semanas, dirigiéndose a decenas de funcionarios durante el verano.
La orden ejecutiva del 1 de mayo impone sanciones a las empresas extranjeras que colaboran con el sector minero cubano. Los yacimientos de níquel de Cuba están entre los mayores del mundo, y tienen la tercera mayor reserva de cobalto del mundo. El níquel es un metal estratégico utilizado en la producción de acero inoxidable, y el cobalto se utiliza para fabricar teléfonos móviles, portátiles y baterías para vehículos eléctricos. La exportación de estos metales por parte de Cuba ha sido una fuente esencial de ingresos.
Tan recientemente como en 2021, los ingresos por exportaciones de níquel ascendían a unos 790 millones de dólares anuales, a pesar de las dificultades de Cuba, incluyendo la pandemia de coronavirus y las sanciones estadounidenses de larga data. Pero las exportaciones de níquel descendieron hasta unos 89 millones de dólares en 2024. Sin embargo, la orden del 1 de mayo obliga a todos los inversores extranjeros a retirarse de la minería, lo que probablemente detendrá por completo las operaciones cubanas de níquel y cobalto. Cabe destacar que, en respuesta a la orden del 1 de mayo, la empresa minera canadiense Sherritt, que ha tenido una empresa conjunta con Cuba durante más de tres décadas, terminó sus operaciones en la isla.
La nueva orden ejecutiva también impone sanciones a las “instituciones financieras extranjeras”, incluidas aquellas con poca o ninguna relación con Estados Unidos, si hacen negocios con Cuba. En las votaciones anuales de la Asamblea General de la ONU, la comunidad internacional ha denunciado durante mucho tiempo este tipo de medidas extraterritoriales. Aunque los bancos estadounidenses tienen prohibido realizar negocios con Cuba, Cuba había establecido relaciones bancarias con instituciones financieras en Europa y otros lugares. Sin embargo, días después de la orden ejecutiva, esos bancos terminaron relaciones con Cuba por temor a sanciones estadounidenses. Esto incluía a los bancos españoles Banco Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Bankinter. Además, los bancos corresponsales europeos, que permitían a los cubanos enviar y recibir fondos internacionalmente, se retiraron de Cuba.
Para una nación insular, el transporte marítimo es esencial para prácticamente todas las exportaciones e importaciones. A mediados de mayo, dos navieras que habían transportado la mayor parte de la carga marítima de Cuba —la empresa francesa Compagnie Maritime D’affrètement-Compagnie Générale Maritime (CMA CGM) y la naviera alemana Hapag-Lloyd— anunciaron que terminarían sus relaciones con Cuba para cumplir con la orden ejecutiva del 1 de mayo. Poco después, CMA CGM detuvo la entrega de ayuda médica a Cuba, que incluía 3,5 millones de jeringuillas y agujas para el sistema sanitario cubano. En lugar de entregar los suministros médicos a Cuba, la empresa descargó su carga en Jamaica y la abandonó allí, citando sanciones estadounidenses.
La orden ejecutiva del 1 de mayo también impone sanciones a cualquiera que colabore con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), una gran empresa estatal que ha sido una fuente importante de ingresos internacionales de Cuba durante las últimas tres décadas. GAESA opera múltiples sectores estratégicos de la economía cubana, incluyendo turismo, hoteles, puertos, bancos, comercio exterior e infraestructuras. Rubio ha atacado repetidamente a la empresa, afirmando que GAESA está “acaparando” 18.000 millones de dólares que podrían usarse para cubrir las necesidades del país. Esta es una afirmación cuestionable, basada aparentemente en una interpretación distorsionada de los documentos financieros de GAESA.
Un colega del autor ha señalado: “Ningún observador serio podría imaginar que GAESA tiene ese tipo de liquidez en dólares.” “Cuba está controlada por GAESA”, dijo también Rubio. Eso es una exageración. Aun así, las implicaciones son claras, al igual que la intención de Rubio: las medidas recientes de EE. UU. no se centran en atacar a personas que hayan cometido violaciones de derechos humanos u otro tipo de irregularidad. Al contrario, medidas como atacar GAESA están diseñadas para provocar choques macroeconómicos que toda la economía del país sufrirá.
La orden ejecutiva del 1 de mayo también apunta a otros sectores estratégicos de la economía cubana, incluido su sector energético. Además del bloqueo petrolero integral ya vigente, esta orden impone sanciones a empresas de cualquier parte del mundo que presten servicios o equipos necesarios para la red eléctrica cubana, lo que requiere reparaciones frecuentes, así como los rápidos esfuerzos de Cuba por construir plantas solares e instalar paneles solares en hospitales y otros edificios para suministrar electricidad fuera de la red termoeléctrica.
La orden también implica una disposición general que penaliza a cualquier entidad que proporcione “apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, al Gobierno de Cuba.” Las consecuencias de esta disposición son enormes, ya que el gobierno es responsable de mantener la infraestructura del país, incluyendo electricidad, transporte, telecomunicaciones, sanidad, educación, agricultura y seguridad alimentaria.
Consecuencias de la Orden Ejecutiva del 1 de mayo
Parece que la intención de las medidas recientes es, entre otras cosas, simplemente arruinar al Estado. Las medidas del 1 de mayo han interrumpido todas las principales fuentes de ingresos que entran en el país. Esto, afirma la administración Trump, privaría al gobierno cubano de los recursos necesarios para reprimir políticamente, corrupción, etc. Pero tales afirmaciones no reconocen el papel central del Estado en toda la economía e infraestructura cubanas. El gobierno es un gran empleador y tiene la responsabilidad de proporcionar electricidad, transporte, sanidad y educación a todo el país. La mayoría de los gastos del Estado se destinan a salud, educación, bienestar social e importación de alimentos. Aproximadamente el 80 por ciento de los alimentos del país se importan, lo que requiere pagos en moneda fuerte.
Durante décadas, el gobierno cubano proporcionó alimentos básicos a precios altamente subvencionados: productos básicos como arroz, alubias, huevos, café, pollo, aceite de cocina y leche. Los derechos de cada familia se proporcionan en un pequeño cuaderno, conocido como la libreta. En su mayoría, los salarios y pensiones cubanos cubrían fácilmente el coste de la libreta y eran suficientes para comprar productos adicionales en tiendas y mercados de productos. Pero desde hace tiempo, muy pocos de los artículos que se proporcionaron durante décadas bajo la libreta han estado disponibles. Casi todos los alimentos distribuidos a través del programa son importados; y el acceso cada vez más limitado del Estado a divisas extranjeras ha limitado significativamente estas compras. Sin embargo, la libreta es actualmente la única fuente asequible de alimentos para muchos de los que reciben pensiones o apoyo estatal, como los ancianos y las madres solteras. Las consecuencias humanitarias de arruinar al Estado serán, y ya han sido, no solo indiscriminadas sino catastróficas.
Cuando los hogares gastan entre el 60 y el 80 por ciento de sus ingresos en alimentos, se considera un indicador de inseguridad alimentaria crónica. Hace dos años, se estimaba que las familias cubanas gastaban alrededor del 70 por ciento de sus ingresos en alimentos. La situación ha empeorado aún más desde entonces. Algunos productos básicos ahora consumen incluso más. Actualmente, el salario medio en el sector público es de unos 6600 pesos al mes. Pero, entre otras cosas, la crisis económica ha provocado un disparado en los precios de los alimentos: en agosto, un litro de aceite de cocina costaba entre 4500 y 6000 pesos, aproximadamente el salario de un mes entero. El aceite de cocina—un alimento básico esencial en Cuba—ahora es descrito por algunos como un “artículo de lujo”.
Las familias cubanas que reciben apoyo de familiares en el extranjero aún pueden comprar suficiente comida para sobrevivir. A principios de este año, la socióloga Mayra Espina estimó que entre el 10 y el 11 por ciento de la población cubana vive a nivel de clase media en otros países; mientras que con cierta dificultad, el 40 por ciento de su población puede cubrir necesidades esenciales (por ejemplo, con apoyo de familiares en el extranjero). Pero alrededor del 45 por ciento de la población cubana no puede cubrir ni siquiera las necesidades básicas. Esto incluye a personas que cada vez se ven más en las calles pidiendo o rebuscando en la basura en busca de restos de comida.
Listados de nacionales especialmente designados
Además de las órdenes ejecutivas, los estatutos y las regulaciones, hay otra capa de sanciones: las SDN y otras listas de “entidades bloqueadas”. A simple vista, son una forma de poner en listas negras a personas y empresas individuales. Pero su impacto va mucho más allá de los individuos y, en muchos casos, sirve para paralizar sectores enteros de la economía.
Para aquellos SDN con activos en EE. UU., sus propiedades y cuentas bancarias quedan congeladas. Sin embargo, las agencias gubernamentales cubanas no tienen tales activos en EE. UU. El verdadero daño es que cualquier empresa, banco o persona de Europa, Asia o cualquier otro lugar del mundo que realice negocios con estas entidades cubanas está sujeto a severas sanciones por parte de Estados Unidos. Cada nuevo conjunto de SDN limita aún más la capacidad de Cuba para hacer negocios con empresas de todo el mundo.
Desde el 1 de mayo, Estados Unidos ha anunciado nuevos SDN cada pocas semanas, como si quisiera asegurar que todas las alternativas posibles, y todos los actores económicos restantes en Cuba, queden neutralizados. De hecho, Rubio dijo exactamente eso: “Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar salir de la soga, simplemente lo cerramos.”
Por ejemplo, ENETEC fue añadida a la lista SDN en julio. ENETEC ofrece servicios de importación de combustible para el sector privado, uno de los pocos canales que aún llevan combustible al país. También fue incluida GEMAR, una sociedad matriz de numerosas entidades estatales que prestan servicios esenciales a los buques de carga. Aunque las principales navieras que habían hecho negocios con Cuba terminaron la mayoría de sus servicios en mayo, la inclusión de GEMAR en la lista negra supone redundancia al garantizar que ninguna otra naviera pueda siquiera considerar importar a Cuba. GECOMEX también fue incluida en la lista negra en julio. GECOMEX es la sociedad matriz de una red de empresas gubernamentales dedicadas al comercio exterior, incluyendo algunas de las principales entidades estatales que importan alimentos (ALIMPORT) y bienes de consumo (CONSUMIMPORT). Cabe destacar que ALIMPORT es la agencia gubernamental que compra la gran mayoría de los alimentos básicos importados a granel, como trigo, arroz y pollo, en mercados internacionales. Las importaciones de ALIMPORT incluyen los alimentos que se suministran a precios asequibles a la población cubana a través del libreta. Por tanto, se espera que la inclusión en la lista negra de GECOMEX agrave las ya graves escaseces de alimentos en el sector más pobre de la población cubana.
Unas semanas después, Rubio anunció que el puerto de Mariel había sido incluido en la lista negra. Mariel es un puerto de carga de aguas profundas; el gobierno cubano y los inversores gastaron casi 1.000 millones de dólares para ampliar su capacidad, el mayor proyecto de infraestructura del país en muchos años. Ahora, cualquier barco que entre en el puerto corre el riesgo de severas sanciones por parte de Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de que el propio buque y sus propietarios y operadores sean sancionados.
El Departamento de Estado también anunció que Orbit, S.A. fue incluida en la lista negra. Orbit es la agencia estatal cubana que procesa los recibos de remesas financieras enviadas desde el extranjero. Las remesas han sido la tercera mayor fuente de ingresos extranjeros hacia el país después del turismo y los servicios. A diferencia de otras fuentes de ingresos, las remesas no van al gobierno cubano. Cientos de miles de cubanos dependen en gran medida de estos fondos, recibiéndolos de familiares en el extranjero para su supervivencia básica. Según un estudio reciente, los cubanos utilizan las remesas principalmente para comprar alimentos, una cuestión de creciente urgencia ante el rápido aumento de los precios de los alimentos. Pero la inclusión en la lista negra de Orbit en julio descarrila esta fuente de fondos. Las organizaciones estadounidenses de transferencias de dinero, como Western Union, tienen prohibido interactuar con Orbit. Pero lo mismo ocurre ahora con personas no estadounidenses. personas. Una organización europea o latinoamericana de transferencias de dinero corre ahora el riesgo de ser sancionada si traslada remesas de familiares cubanos que viven en el extranjero, porque esto implicaría interactuar con Orbit.
Estas y numerosas otras listas de SDN afectan directamente a sectores importantes de la economía civil cubana y agravan directa y profundamente las dificultades que sufre gran parte de la población cubana.
Ante la crisis humanitaria que empeora cada día, la administración Trump insiste en que está mostrando preocupación por el pueblo cubano de diversas maneras. El Departamento del Tesoro ha emitido licencias generales que permiten la entrega de bienes humanitarios, como alimentos y medicinas. Pero las restricciones sobre los productos médicos—que requieren el uso final y la verificación por parte del usuario final—han hecho durante mucho tiempo que tales entregas sean prácticamente imposibles. Aunque a Cuba se le ha permitido comprar alimentos a productores estadounidenses, con la inclusión en la lista negra del puerto de Mariel—donde se entregaría dicha carga—no está claro si incluso estos envíos podrán continuar.
While Cuba may theoretically be able to purchase essential humanitarian goods from third countries, the recent measures have ensured that it will be nearly impossible to find any bank that will facilitate payments or any shipping company that will deliver the goods, given the risk that they may be sanctioned by the U.S. for doing so. While Rubio has made much of committing $100 million in aid distributed through the Cuban Catholic Church and other organizations of his choice, this cannot remotely compensate for the lack of fuel to operate the electrical grid across the entire country, the lack of gasoline for nearly all public and private transportation, the lack of cooking gas in tens of thousands of homes, the lack of diesel fuel to operate tractors and trucks, the refusal of shipping companies to deliver urgently needed medical supplies, and the near-total disruption of the government’s trade relations with international trade partners.
The Trump administration has been open about its intent to bring about regime change in Cuba, employing various rationales to lay the groundwork. The administration claims that Cuba threatens U.S. national security, sponsors terrorism, and is the architect of a global communist conspiracy stretching from the Tricontinental Conference of 1966 to the current mayor of Los Angeles. Former national intelligence officers and scholars have ridiculed such claims.
A pesar de todas las críticas que se han dirigido al gobierno cubano, también es un estado que durante décadas proporcionó atención sanitaria universal, alimentos básicos asequibles para toda la población y educación gratuita en todos los niveles, incluyendo estudios de medicina y doctorados en ciencias. Cuba desarrolló cinco vacunas contra el coronavirus y fue el primer país de América Latina en eliminar el virus. Hasta hace poco, la tasa de mortalidad infantil en Cuba era igual o inferior a la de EE. UU., Canadá y otros países occidentales altamente desarrollados.
La administración Trump también ha descrito repetidamente al gobierno cubano como una “cleptocracia”. Según este razonamiento, presumiblemente, el pueblo cubano estaría mejor con un nuevo gobierno establecido por Estados Unidos. Hay una ironía particular, en parte debido a las propias prácticas de la administración Trump de utilizar los cargos más altos del gobierno para el enriquecimiento personal. Pero esas prácticas interesadas ya se extienden también al compromiso de la administración Trump con Cuba.
La campaña de “máxima presión” de los últimos meses no solo ha cortado el acceso de Cuba al combustible. La orden ejecutiva del 1 de mayo también obligó a inversores de larga trayectoria a abandonar sus operaciones en el país o enfrentarse a graves represalias por parte de Estados Unidos. En mayo, Sherritt, la empresa canadiense con operaciones mineras en Cuba desde hace más de 30 años, firmó un acuerdo para vender la mayoría de sus operaciones en Cuba, con descuento, a Gillon LLC, propiedad de la familia Washburne. Ray Washburne tiene vínculos estrechos con la administración Trump; entre otras cosas, fue vicepresidente del Comité de la Victoria Trump en 2016. Parece que las medidas más recientes pudieron haber sido diseñadas no solo para expulsar a los inversores y socios comerciales que quedaban en Cuba, sino también para vender el patrimonio cubano de forma fragmentada a quienes formaban parte del círculo cercano de Trump.
Frente al hambre severa, la escasez de agua potable y el aumento de la mortalidad infantil, resulta especialmente absurdo ver a la administración Trump afirmar que estas medidas pretenden “mejorar los derechos humanos, fomentar el Estado de derecho, fomentar los mercados libres y la libre empresa, y promover la democracia en Cuba.”
Pero decir que es absurdo es bastante insuficiente. Sería más exacto decir que lo que Estados Unidos está haciendo con Cuba es ilegal, es indefendible y es indecente.